PATRIOTISMO A LA ESPAÑOLA

Desde que el pasado 20 de diciembre se celebraran en España elecciones generales, seguimos sin la constitución de un nuevo Gobierno. Y lo peor es que parece que va para largo. El Rey, Felipe VI, está a mitad de la segunda ronda de conversaciones con los portavoces de los partidos representados en Las Cortes para proponer un candidato a la sesión de investudira como Presidente del Gobierno, después de que Mariano Rajoy declinara presentarse al tener una mayoría en contra y puesto que no era viable resultar investido. De 35o diputados que posee la Cámara Baja, el PP de Rajoy cuenta con 122; Sánchez y el PSOE son la segunda fuerza con 90 señorías; Podemos, de Pablo Iglesias, tiene 69 representantes mientras que Albert Rivera con Ciudadanos cuenta con 40 diputados. Luego están los nacionalistas e independentistas, que tienen muy pocos diputados pero que, de no lograr un amplio acuerdo entre las diferentes combinaciones que presentan los cuatro partidos mayoritarios, podrían inclinar la balanza a su sardina o bloquear la formación de Gobierno. Los dos diputados de Izquierda Unida podrían también tener su peso en una negociación. El partido de Mariano Rajoy cuenta con una amplia mayoría absoluta en el Senado. Cuarenta días después de la jornada electoral, la formación de Gobierno sigue paralizada. Y esto en un momento en el que España ha empezado una recuperación después de ocho años de crisis profunda en nuestra economía. El país crece en estos momentos al 3,5% y el desempleo, aunque sigue al 21%, ha bajado cinco puntos desde que alcanzara su peor dato tres años atrás. El consumo se recupera, la prima de riesgo se ha relajado hasta los cien puntos (estaba en seiscientos al comenzar la pasada legislatura), han aumentado muy notablemente las exportaciones y el turismo, la inflación está controlada y se mantiene el gasto en las partidas que componen el llamado estado del bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia). Habíamos recuperado la confianza de los inversores, pero ahora los inversores o están huyendo a otros países o tienen muchísimo dinero paralizado a la espera de ver qué sucede, quién va a gobernar y cómo. Diez mil millones de euros abandonaron nuestro país en noviembre de 2015. De treinta y seis mil millones de inversiones, nos encontramos en que hemos perdido la mitad en los últimos meses. España necesita financiación porque nuestra deuda exterior se ha colocado en el billón de euros durante los ocho años de la crisis. Eso supone la conculcación de la totalidad de nuestro PIB, pero seguimos necesitando financiación para reducir la deuda y mantener el gasto público y las prestaciones de que él dependen. La continuidad o no de las políticas económicas aplicadas en los últimos cuatro años favorecen o desfavorecen la confianza exterior en la economía española a corto plazo. Y la incertidumbre en las instituciones políticas perjudica a la economía española. No cabe engañarse con que los números de la macroeconomía no nos afectan; al final, de ellos dependerá el empleo, la caja de la Seguridad Social, las coberturas educativas y sanitarias, el nivel de nuestros impuestos y, si me apuran, gran parte de nuestra soberanía. Solo tenemos que ver el ejemplo de Grecia para ver que no es su Gobierno el que acaba de recortar por su prpio gusto en un tercio las pensiones del país para poder hacer frente a los préstamos del rescate de la Unión Europea.

Aquí la situación política está estancada. Lo está aun sabiendo que la tardanza nos hace daño. La solución pasa por los pactos para investir a un Presidente que forme un Gobierno capaz de sacar adelante la XI legislatura. Sus señorías se pusieron de acuerdo el trece de enero para nombrar un presidente del Congreso de los Diputados y los componentes de la mesa de la institución. Eso fue posible mediante un pacto de los tres partidos más votados. Así, el socialista Patxi López resultó elegido en segunda votación con tan solo 130 votos a favor (PSOE y Ciudadanos) pero con la necesaria abstención de los diputados del PP, que ni siquiera presentaron canditato propio. Estos tres partidos tienen en común la defensa de la unidad de España, frente al desafío del Parlamento de Cataluña, el reconocimiento de que la soberanía del país reside en todo el pueblo español, nuestra vocación europeísta, la permanencia en la UE, en el euro y en la OTAN, la necesidad de la regeneración política frente a la corrupción, la reforma de la Constitución del 78, la necesidad de una nueva ley electoral y la obligación de mantener el estado del bienestar. Lo más lógico sería que, tendiendo tan claro todo esto, hicieran lo mismo que para la mesa del Congreso: un acuerdo a tres, que sumaría 230 diputados, lo cual no solo daría estabilidad a un nuevo Gobierno sino que favorecería las reformas que los tres ven tan necesarias. Pero los demás se encuentran con el frontón levantado por los socialdemócratas, que se niegan a hablar de cualquier tema con los populares. Azotados ambos partidos por la corrupción, el PSOE trata de aparecer como el adalid de la limpieza negándose a hablar con su rival político por la corrupción en el PP. Más razones le dan a Sánchez las veinticuatro detenciones de cargos del PP que la policía ha llevado a cabo en Valencia en las últimas horas por una supuesta trama de comisiones ilegales con las que se podría haber financiado el partido y alguna de sus campañas electorales. Por eso, Pedro Sánchez lleva semanas mirando a Podemos para ver si estos le darán sus votos en una posible sesión de investidura. Con lo que no contaba el líder socialista es que la semana pasada, después de ver a Felipe VI, el líder de Podemos se presentara en una rueda de prensa ofreciéndole a Pedro Sánchez un Gobierno de coalición en el que él mismo (Pablo Iglesias) fuera el Vicepresidente, y lo hizo rodeado por seis "futuros ministros" de casi todo. Sánchez, que le cogió con la guardia baja, le agradeció la propuesta y le tendió la mano a poderse entender entre las dos fuerzas. Esta coalición, a la que se sumarían los dos diputados de IU, no alcanzaría más allá de los 162, insuficiente, por tanto, para que prosperara. Pero el líder socialista se encuentra con el muro del comité federal de su partido, que se niega en rotundo a pactar con alguien que lleve en su programa el "derecho de autodeteminación" de las comunidades autónomas (Cataluña, Galicia, Valencia...), y tal es el caso de Podemos. Así que los mandamases del PSOE dicen que ni con PP ni con Podemos. Entonces, ¿favorecería el PSOE con su abstención en la investidura un Gobierno de PP y Ciudadanos? Pues dicen que tampoco; que otra de sus líneas rojas es no dejar que gobierne la derecha. A Sánchez le acaba de dar su partido una manzana envenenada y diré ahora por qué.

La situación actual empezará a resolverse el martes, cuando el Rey, tras escuchar a Sánchez y a Rajoy lance a uno de los dos hacia una sesión de investidura. En ese caso sabremos si el propuesto acepta sin saber del todo que vaya a tener los apoyos necesarios para ser innvestido Presidente del Gobierno. Y a ver qué pasa. O los socialestas vencen las reticencias a pactar con la derecha o se lanzan en brazos de Podemos con la esperanza de que tengan apoyos en las filas de los independentistas catalanes o en las filas de los pro-etarras de Bildu, con tal de llegar al palacio de la Moncloa, aunque sea para muy poco tiempo. Eso sería cualquier cosa menos patriota, pero... ¿quién sabe? Rajoy no se aventuará porque no ha habido cambio en las posturas de los demás partidos cuando fue propuesto por el Rey y declinó presentarse por falta de apoyos. Una posibilidad, aunque parece poco probable, sería que PP y PSOE se pusieran de acuerdo en investir al líder de Ciudadanos y sostener su Gobierno el tiempo que fuera posible; y si funcionaba bien, seguir toda la legislatura. No olvidemos que cualquier pacto de Gobierno deberá someterse a la mayoría absoluta del PP en el Senado para poder sacar leyes adelante y gobernar. Ahora puede parecer una solución descabellada, pero conforme pasan las horas, todo se puede ir abriendo. Esta sería una opción creativa y patriota, puesto que alejaría los miedos, daría una situación de gobernabilidad estable y no dejaría opción a los radicales de Podemos e independentistas. Sin embargo, si no es el propio Rey quien lo propone y lo consigue, parece difícil. Si no se da esa posibilidad, entonces nos aventuramos a una repetición de elecciones. Y eso no va a ser posible antes del verano. Con lo cual, tendríamos inestabilidad, incertidumbre, falta de financiación y de inversión para rato. Por eso habrá que tratar de evitarlo. Y aquí es donde viene la explicación a la manzana envenenada que su comité federal le ha dado hoy a Pedro Sánchez: le adelantan cogreso y primarias para mayo. Es decir, o hay Gobierno ahora, o puede se que Sánchez no sea el candidato socialista a las elecciones en verano. Sus guiños a Podemos desde las elecciones de diciembre, su aparente desprecio a las líneas rojas marcadas por su partido con respecto a los que llevan en su programa el derecho a la autodeteminación y además le imponen un ministerio de la plurinacionalidad, amén de las formas arrogantes exhibidas por los de Podemos que muchos consideran humillantes, han provocado una guerra interna dentro del PSOE; pero es una guerra en la que los escindidos son los que se han situado frente a Sánchez. ¿Es el líder del PSOE? ¿Morderá la manzana? Pues todo está por ver, puesto que en política todo es posible; lo que hoy parece inviable, mañana se materializa y lo que hoy parece hecho, mañana resulta que no ha salido. Lo único que es claro, a mi modo de ver, es que los españoles no queremos volver a las urnas; ya sentenciamos en diciembre que tienen que entenderse y eso es lo que debe pasar; todo lo demás es perjuicio para mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. 

LAICISMO PARA ESPAÑA. EL DÍA DESPUÉS

   

Como ya expuse en el artículo anterior sobre este tema, para declarar una “España Laica” es necesario cambiar la Constitución, que define el estado español como un “estado aconfesional” en colaboración con las distintas religiones de su población, y, en particular, con la Iglesia Católica. En la actualidad, el estado es colaborador pero se declara neutral ante las diferentes opciones religiosas de su población. Pues bien, el laicismo, en tanto que supone una supresión de lo religioso en el ámbito público, no deja de ser una opción religiosa del estado, la que siente todo lo religioso como ajeno; no es una opción en positivo (como sería elegir como propia una confesión religiosa determinada) pero es una opción en negativo; es, en verdad, una opción hostil contra la religión. ¿Y qué necesidad tiene el estado de adoptar una declaración en contra de las confesiones religiosas? Realmente, ninguna. Es tanto como declararle su hostilidad y su supresión de la vida pública a la organización más benefactora de todo el país, a la que supone en la práctica la mayor ONG de España (en cuanto al beneficio social que provoca, que no en su ser misma, pues no es una ONG). Resulta engañoso por parte de quienes defienden esta posición presentarla como una neutralidad del estado, puesto que la neutralidad es el modelo aconfesional que reza nuestra Constitución en vigor; el laicismo es una opción que rompe la neutralidad puesto que lo que hace es situarse en contra del hecho religioso.

   El día después de este nuevo modelo de estado tendría consecuencias inmediatas. Por ejemplo, la supresión de los capellanes de todos los hospitales públicos, de todas las cárceles, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército y las academias militares. Todos ellos se quedarían sin asistencia religiosa inmediatamente. Por supuesto, la salida de la religión del sistema de enseñanza sería otro de los primeros efectos. El estado podría seguir concertando la enseñanza con colegios laicos, pero acabaría con las concertaciones con colegios de ideario religioso, lo cual va en contra de la libertad de enseñanza y la libre elección de la educación por parte de los padres. El estado podría seguir colaborando con cualquier ONG pero no con Cáritas, con Federico Ozanám, Proyecto Hombre o con cualquiera que le mueva una motivación religiosa. ¿No es eso discriminación? A buen seguro que la población española no desea eso. Los ayuntamientos no podrán colaborar con comedores sociales, albergues de transeúntes ni con cualquier centro de atención social de los que tiene abiertos la Iglesia, precisamente por la motivación religiosa. En la prácitca, el estado no se quitaría de encima solo la religión, sino también a los pobres; los dejaría en nuestras manos y no colaboraría en tarea asistencial alguna si la organizaba o la motivaban las creencias religiosas de los fieles. Las creencias religiosas se convertirían en un estigma que impediría un trato entre iguales con respecto a quien no las tuviera.

   Otro aspecto que se vería tocado es el que se refiere al mantenimiento de los edificios artísticos de titularidad eclesiástica. Hasta ahora, las Administraciones colaboran con la Iglesia Católica para mantener en buen estado no pocas iglesias y catedrales. Dado el gran número de templos, la Iglesia Católica no podría sostenerlos todos con sus solos recursos. Cuando un edificio de interés artístico corriera riesgos, podría ser expropiado y nacionalizado para intervenir en él o dejarlo caer. Desde luego, y sobre todo en el ámbito rural, se perderían muchas iglesias, ermitas y santuarios. El patrimonio heredado de nuestros padres se vería desprotegido; a no ser que la Iglesia dejara de atender a la sociedad para dedicar sus recursos a la mejora de sus templos, cosa que no va a ocurrir porque sería tanto como abandonar la misión para la que existe. Edificios como la catedral de Córdoba o la de Jaca podrían ser arrebatados a la Iglesia al estilo Mendizábal. Los de “Podemos” ya se han interesado por hacerse con la titularidad pública de la seo jacetana, mientras que la Junta andaluza del PSOE ya intentó arrebatar la propiedad de la catedral cordobesa y los tribunales lo impidieron. Con una declaración de una España laica, podrían no solo hacerse con la titularidad pública sino, incluso, suprimir el culto y convertirlas en edificios civiles.

   Apelando a la aconfesionalidad del estado, hemos asistido en los últimos años a la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas, de los hospitales, de los juzgados, de los salones de plenos en los ayuntamientos y en muchos otros lugares. Se ha hecho retirar la imagen de la Virgen del Pilar en los cuarteles de la Guardia Civil y otras imágenes de sitios públicos donde se encontraban los santos de devoción o los patronos. La ministra de Defensa Carmen Chacón intentó prohibir que los miembros de fuerzas y cuerpos de Seguridad del estado acompañaran, escoltaran o portaran imágenes o pasos en las procesiones de Semana Santa. No lo logró. Es más, todavía salen y entran en los templos a los acordes del Himno Nacional. Incluso, en muchos lugares donde no había tradición de este gesto de honor, lo han adoptado recientemente.

   Una declaración solemne de España como un estado laico se iría desarrollando con leyes y reglamentos llenos de prohibiciones ¿para cambiar nuestras costumbres, nuestras tradiciones?, ¿para cambiar lo que somos? Un país que respete los derechos de todos los ciudadanos no puede llenarse de prohibiciones. A la mayoría de los españoles no nos gustaría vivir bajo esa presión. Ya digo que lo han intentado en el pasado y que no lo han conseguido. No malgasten fuerzas ahora en calzarnos a la fuerza lo que no es más que la imposición de una ideología. Reconozcan lo que somos, lo que nos configura y dejen tranquilas nuestras libertades, que para eso son libertades. Dejen la declaración constitucional tal y como está y no quieran meter mal donde no es ni justo ni necesario.     

EL LAICISMO VA CONTRA LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD

   Aunque con la actualidad marcada también por otros acontecimientos, sin embargo, España se dispone ya a enfilar su quinto proceso electoral dentro de este año; esta vez, y como colofón final, se trata de elecciones generales de las que saldrá el próximo Parlamento que encargará la tarea de Gobierno a un nuevo Ejecutivo. Todos los partidos se afanan en su campaña, en dar a conocer sus propuestas, en criticar a los adversarios, en mostrar su lado más humano en los medios de comunicación, en contrastar sus posturas en los debates y, en algunos casos, en ocultar sus verdaderas intenciones, pero todo forma parte del juego y de la estrategia política para intentar atraer más votos. El panorama se vislumbra abierto; el nacionalismo va a reducir notablemente su presencia y el bipartidismo va a dar paso a partidos emergentes hasta ahora ausentes en Las Cortes Generales. A priori, se ven necesarios los pactos para poder formar Gobierno y no se puede dar por hecho que pueda hacerlo la lista que vaya a ser la más votada, aunque, naturalmente, todo esto es adelantar acontecimientos y todo está por ver. Según los sondeos y los análisis previos, los indecisos se habrían reducido a la mitad en las últimas semanas aunque todavía suponen el 20% de la gente que piensa ir a votar. Podría parecer decisivo, pero podría también no serlo puesto que es posible que se fraccione entre los cuatro principales partidos o que, incluso, se pueda perder en otras siglas menos significativas que no vayan a alterar el resultado de las formaciones con opciones de protagonizar una sesión de investidura tras los comicios.

   Toda la izquierda -también la moderada- enarbola en sus programas el laicismo como un valor para nuestro país. La Constitución vigente, de 1978, define el estado español como un "estado aconfesional" que colabora con las distintas religiones del país y, en particular, con la Iglesia Católica. Claro, si se quiere aplicar la doctrina laicista, habría que cambiar primero esa definición en la Constitución. El laicismo supone, en la práctica, cortar todo tipo de colaboración con las confesiones religiosas, incluso sacarlas por completo de la vida pública y reducirlas al ámbito de lo privado. Pero ¿respondería eso acaso a la realidad española? Adelantar que esto no es La France. Independientemente de que practique mucho, poco o nada, la población en España se declara católica en más de un 80%. Siete de cada diez votantes de la opción socialdemócrata dice ser también católico. En España, hay un sentimiento religioso muy importante, en nuestras raíces y en nuestra idiosincrasia. Todos los pueblos tienen sus patronos, sus ermitas, sus vírgenes. En las grandes ciudades también. En muchas ocasiones, se da un sentimiento de identidad entre una ciudad y su Virgen o su patrono que es indisociable del sentir de sus gentes. Los municipios les dedican sus fiestas patronales. En nuestras calles se celebran abundantes desfiles procesionales, algunos de ellos cuentan con un reconocimiento turístico nacional e internacional. Las romerías son otras manifestaciones multitudinarias del sentir de la gente en torno a Dios, a la Virgen o a los santos. La inmensa mayoría de los neonatos son bautizados cuando son bebés. Y otro dato curioso: donde más gente se congrega en España es los estadios de fútbol; y, sin embargo, la cifra total de espectadores es superada por la que nos da la gente que ha ido a misa cada domingo. Por tanto, adonde más acude la gente en España es a la misa dominical. ¿Por qué luchar contra esta realidad? ¿Es que a alguien le cuesta asumirla? Es la España de las libertades la que ha optado por esto, no viene impuesto por nadie. ¿Por qué ir, entonces, contra el sentimiento mayoritario del pueblo español? "Para que cambie" puede decir alguno, pero... ¿para qué?

   La fórmula actual que recoge la Constitución en vigor es respetuosa y colaboradora. La que se quiere introducir es beligerante con el hecho religioso. ¿Por qué cambiar de reconocer, valorar y colaborar con las religiones y pasar a contrarrestarlas, a combatirlas, a sacarlas del ámbito público? Esto nos suena a cuento ya sabido y es que en España ya ha habido otras épocas en las que se ha mostrado beligerancia oficial con la religión, con el cristianismo en particular. El resultado ha sido siempre el mismo: que no lo han conseguido parar. Lo han podido reprimir, pero no lo han logrado detener. Como diría Gamaliel, "aquello que proviene de Dios no puede morir". ¿Por qué ahora, pues, resucitar esos fantasmas del pasado? Si el problema está, por ejemplo, en la violencia que proviene de algunos que profesan el Islam, pues que vigilen o persigan esa forma de Islam, pero que no se use como pretexto para ir contra otros o contra todos. El cristianismo, la Iglesia Católica, ¿tiene un efecto pernicioso en nuestra sociedad, en nuestro sistema de valores o de libertades, es un peligro para la población, se comporta con irresponsabilidad o conviene, por el bien común, extirparla de nuestro ordenamiento? Todo lo contrario. La Iglesia en España se autofinancia en un 75%. El 25% restante le llega, con la colaboración de la Administración pero sin dinero de la Administración; es la aportación voluntaria que hace libremente quien lo indica en su declaración de la renta. Por tanto, la actividad de la Iglesia le cuesta al estado español cero euros. Y sin embargo, recibe de ella, en bien de la sociedad y de la población, más que de ninguna otra institución ni asociación ni ONG. A través de Cáritas, de las parroquias, de los grupos apostólicos, de hermandades y cofradías, de sacerdotes, religiosos y religiosas. Es incalculable el beneficio social que la Iglesia española aporta en la atención y asistencia a familias y a personas: parados, dependientes, enfermos, mayores, protección infantil, protección y promoción de la mujer, personas mayores, inmigrantes, personas solas y con las más variadas problemáticas. Sus medios son sus voluntarios, casas de acogida, comedores sociales, albergues, formación, residencias, hospitales, roperos solidarios... y eso, precisamente, solidaridad con los más necesitados. Según nuestra legislación actual, el estado debe favorecer y colaborar en esa acción social. Según una legislación laicista, el estado no podría colaborar porque las llevan a cabo instituciones religiosas. Aunque sí podría colaborar con otras entidades u ONGs si no tienen carácter religioso. Pueden preguntar a esos millones de personas que atendemos cada año qué piensan de la laicidad del estado y del laicismo en España. Cerrar esa colaboración sería absurdo, injusto e insolidario con la población. Al fin y al cabo, nuestros legisladores están bien pagados y no ensucian sus manos asistiendo a la gente que atiende la Iglesia Católica. Los despachos, contra la realidad de la calle; la ideología, contra la justicia, la libertad y la dignidad de todos los seres humanos.

   Pero, al margen de toda esta realidad, hay algo en lo que la izquierda se muestra muy sensible y es la presencia de la religión en las escuelas. ¿Hemos consagrado o no en nuestra España democrática un sistema de libertades? ¿Por qué razón práctica o socialmente aceptable no puede impartirse religión en los colegios? No se obliga a nadie; solo van los alumnos que quieren ir, o aquellos cuyos padres desean que sus hijos hagan religión. Entonces, volvemos al tema de la beligerancia, convertida en intransigencia o prohibición. ¿Nos hace más libres prohibir la religión en la educación? Más bien estaremos coartando la libertad de quienes la desean. Si los que no la desean no la hacen, entonces es imponer su opción a los demás. Hagámonos otra pregunta: ¿es que la religión es una influencia nociva, negativa en nuestros niños y jóvenes para impedir que se enseñe en el ámbito escolar? ¿Se enseñan valores que nos ayudan como seres humanos y como sociedad o es algo que daña a quien la recibe? Y si propone valores que ayudan, ¿por qué entonces ir en su contra? No se necesitan demasiados conocimientos de antropología para saber que el sentimiento religioso configura al hombre. Y si lo configura, es bueno para él que forme parte de una educación escolar integral. ¨Su negación es negar una parte de lo que somos. Tampoco hacen falta muchos conocimientos de historia para saber que el cristianismo es la base de todo nuestro sistema de valores occidental. ¿Cómo hacer entonces una negación y una lucha contra nuestra propia matriz mientras seguimos defendiendo esos mismos valores? La contradicción, por tanto, es manifiesta.

   Por cierto, ¿sabían ustedes que la Iglesia Católica ayuda a todos por igual sin hacer distinción alguna ni de raza ni de sexo ni de nacionalidad ni de religión? No, no los mira así ni los clasifica; en cada uno de ellos ve un hijo de Dios, un ser humano con toda su dignidad sin que sea superior o inferior a otros en razón de cualquier distinción. Pues eso.   

¿PODEMOS O NO PODEMOS?

De entrada, Podemos no. España vive en 2015 abundantes procesos electorales distribuidos a lo largo de todo el año, que culminarán en elecciones generales poco antes de Navidad. La crisis que vie el país va mucho más allá de la índole económica. La crisis política es patente e indiscutible. Hay un descontento generalizado por las políticas de austeridad aplicadas por el Gobierno de Rajoy que, si bien han sido eficaces para salir de la crisis, no se notan todavía en los hogares y en los bolsillos de la gente. El descontento se convierte en indignación con todos los casos de corrupción que afectan a todos los partidos con representación parlamentaria y a los principales sindicatos. Ante este panorama, la gente solo ve dos opciones: o no ir a votar o ejercer un voto de castigo a la clase política. Un voto de castigo de qué manera. Pues ha surgido un nuevo partido político llamado "Podemos" que hace un buen diagnóstico de la realidad española y que polariza el descontento del pueblo. El problema está en que lo que pretenden sus dirigentes es la antiploítica o la destrucción del Estado desde dentro. Jóvenes profesores universitarios copan la cúpula de Podemos. Su método de trabajo dice ser el asambleario. Hablan de devolver la voz al pueblo, el protagonismo al pueblo, de gobernar para el pueblo y para los pobres. Como planteamiento, podría no estar mal, pero olvidan que nuestra democracia es parlamentaria y que la voz del pueblo se encuentra en las instituciones elegidas en sufragio universal por el propio pueblo español. Pablo Iglesias, la cabeza visible de Podemos, plantea una y otra vez que es necesario partir de una Asamblea Constituyente. Pretende elevarse al poder con un sistema que diagnostica como caduco y que no ha funcionado para cargárselo y empezar un nuevo Estado. Las principales propuestas, que no oculta sino que más bien airea, son sacar a España de la OTAN y del Euro. Es decir, aislarla de Europa, buscando apoyos y alianzas en Rusia y China (algo lejanas para nosotros). El adiós a la monarquía y la instauración de una tercera república, lo que le facilitaría el control absoluto del Ejército y de todas las Fuerzas Armadas, puesto que en nuestro sistema, el Rey es el Comandante en Jefe de los tres ejércitos. Eso nos salvó ya de un golpe de estado al que los dirigentes de Podemos no asistieron porque no tenían edad. Aquel febrero del 81, el Ejército obedeció a su Comandante en Jefe, que ha pasado por las tres Academias Militares. De haber tenido un presidente republicano, una vez levantado, el Ejército no se habría echado atrás porque no hubiera reconocido la autoridad de un civil sin formación militar.

Podemos ya logró representación en el Parlamento Europeo, en el que forma grupo con los comunistas. Al principio no escondían esta ideología, aunque ahora afirman más bien que no son izquierda ni derecha, que son ellos mismos. Sus propuestas económicas las firmaríamos todos: subida de salarios, elevar el salario mínimo interprofesional, que paguen más impuestos los que más tienen... Pero no dicen cuál es la partida de eso y de dónde va a salir. La cosa empeora cuando empiezan a decir que España es un país rico y que puede crear trabajo doblando el número de funcionarios. ¿Se imaginan el gasto público sin el respaldo de la producción? ¿Dónde iba a estar la riqueza del país? Y sin el respaldo de Europa, la ruina más absoluta llegaría sin tardar.

Algo muy preocupante es que los principales líderes de Podemos han obtenido en los últimos años ingresos muy por encima de los que obtendrían por su trabajo universitario que, además, requiere dedicación absoluta y es incompatible con cotras actividades económicas. El periodismo de investigación está tras la pista, pero parece ser que buena parte de esos ingresos vienen directamente del Gobierno venezolano. Los implicados defienden que han realizado trabajos para los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua y que esos cientos de miles de euros son su retribución. Y la gente se pregunta: ¿Está Venezuela financiando ileglmente un partido político en España para provocar la explosión del actual Estado e implantar el estilo represivo bolivariano en nuestro país? Según los avances de esas investigaciones periodísticas, todo comenzó ya con la figura de Hugo Chávez. Y lo inquietante es que la situación que vive ahora España parece un calco de la que vivió Venezuela cuando Chávez asumió el poder; y también en Bolivia con el ascenso de Evo Morales. ¿Acaso nos espera la represión política y social, la detención y encarcelamiento de la oposición, el recorte de libertades, la perpetuación de los mismos en el poder, el culto a un líder que le gusta manipular a las multitudes, el racionamiento de alimentos, la quiebra económica del país?

El segundo en la cabeza de Podemos, Íñigo Errejón, ha sido soprendido cobrando 2500 euros al mes en una universidad por un trabajo que no estaba realizando. El tercero, Juan Carlos Monedero, ha tenido que presentar a Hacienda una declaración complementaria cuano se ha sabido inspeccionado por esta institución del Estado. El propio Pablo Iglesias tuvo que ampliar su declaración de bienes presentada en el Parlamenteo Europeo semanas después de presentar la primera. ¿Es que no planea sobre ellos la corrupción que dicen que quieren erradicar antes, incluso, de que puedan entar en la política española? ¿De esta guisa quieren ellos regenerar el país y se sienten moralmente aptos para esa tarea? Podemos no tiene aún un solo concejal, un solo diputado autonómico y ni un solo representante en las Cortes españolas. Esta semana, mientras en el Parlamento se celebraba el Debate sobre el Estado de la Nación, celebraba Pablo Iglesias un "debate paralelo" en rueda de prensa, de casi una hora, ausentándose así del pleno en el Parlaento europeo en el que ocupa un escaño y por el que cobra 18000 euros al mes. En el acto se autoproclamó el "verdadero líder de la oposición", menospreciando a los representantes del pueblo que han sido votados y que ocupaban sus escaños en el palacio de las Cortes. Este es el ejemplo que nos da frente a los de la "casta corrupta" como él mismo los llama.

Nuestro sistema democrático nace del consenso político de todas las fuerzas, que celebraron las primeras elecciones demcoráticas en 1977 y consensuaron la Constitución de 1978. La representación parlamentaria es pluripartidista, aunque solo los conservadores y los socialdemócratas han tenido representantes suficientes como para asumir el Gobierno; y en muchas ocasiones han tenido que ejercerlo en coalición o con pactos puntuales con otras fuerzas nacionalistas. Esto ha funcionado y sigue funcionando. Es verdad que hay que erradicar la corrupción; muchas voces piden a gritos una reforma de la Constitución que se adapte a la realidad actual. Pues habrá que ponerse a ello. Lo último que necesitamos es que nos vengan los recién erigidos "salvadores de la patria" que intenten dinamitarla para hacerla a su imagen y semejanza.

Como un dron cargado de misiles, el totalitarismo planea sobre las cabezas de los españoles. Que la gente no se deje engañar y que no polarice el voto de la indignación y de castigo sobre los actuales políticos en las candidaturas de Podemos. Recen por España, por favor, recen para que estos profesores, que se creen más dignos y mejores que los demás aunque cometiendo sus mismos errores, no puedan aplicar sus lecciones de despotismo ilustrado sobre el pueblo español. Que en las elecciones de este año se puedan superar todos los índices de participación; que no se queden en casa los votantes de PP y de PSOE; nos va en ello nuestro ser, nuestra dignidad, nuestra libertad. Será la manera de salvar España... al menos de Podemos.