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lunes, 14 de diciembre de 2015

LAICISMO PARA ESPAÑA. EL DÍA DESPUÉS

   
Como ya expuse en el artículo anterior sobre este tema, para declarar una “España Laica” es necesario cambiar la Constitución, que define el estado español como un “estado aconfesional” en colaboración con las distintas religiones de su población, y, en particular, con la Iglesia Católica. En la actualidad, el estado es colaborador pero se declara neutral ante las diferentes opciones religiosas de su población. Pues bien, el laicismo, en tanto que supone una supresión de lo religioso en el ámbito público, no deja de ser una opción religiosa del estado, la que siente todo lo religioso como ajeno; no es una opción en positivo (como sería elegir como propia una confesión religiosa determinada) pero es una opción en negativo; es, en verdad, una opción hostil contra la religión. ¿Y qué necesidad tiene el estado de adoptar una declaración en contra de las confesiones religiosas? Realmente, ninguna. Es tanto como declararle su hostilidad y su supresión de la vida pública a la organización más benefactora de todo el país, a la que supone en la práctica la mayor ONG de España (en cuanto al beneficio social que provoca, que no en su ser misma, pues no es una ONG). Resulta engañoso por parte de quienes defienden esta posición presentarla como una neutralidad del estado, puesto que la neutralidad es el modelo aconfesional que reza nuestra Constitución en vigor; el laicismo es una opción que rompe la neutralidad puesto que lo que hace es situarse en contra del hecho religioso.

   El día después de este nuevo modelo de estado tendría consecuencias inmediatas. Por ejemplo, la supresión de los capellanes de todos los hospitales públicos, de todas las cárceles, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército y las academias militares. Todos ellos se quedarían sin asistencia religiosa inmediatamente. Por supuesto, la salida de la religión del sistema de enseñanza sería otro de los primeros efectos. El estado podría seguir concertando la enseñanza con colegios laicos, pero acabaría con las concertaciones con colegios de ideario religioso, lo cual va en contra de la libertad de enseñanza y la libre elección de la educación por parte de los padres. El estado podría seguir colaborando con cualquier ONG pero no con Cáritas, con Federico Ozanám, Proyecto Hombre o con cualquiera que le mueva una motivación religiosa. ¿No es eso discriminación? A buen seguro que la población española no desea eso. Los ayuntamientos no podrán colaborar con comedores sociales, albergues de transeúntes ni con cualquier centro de atención social de los que tiene abiertos la Iglesia, precisamente por la motivación religiosa. En la prácitca, el estado no se quitaría de encima solo la religión, sino también a los pobres; los dejaría en nuestras manos y no colaboraría en tarea asistencial alguna si la organizaba o la motivaban las creencias religiosas de los fieles. Las creencias religiosas se convertirían en un estigma que impediría un trato entre iguales con respecto a quien no las tuviera.

   Otro aspecto que se vería tocado es el que se refiere al mantenimiento de los edificios artísticos de titularidad eclesiástica. Hasta ahora, las Administraciones colaboran con la Iglesia Católica para mantener en buen estado no pocas iglesias y catedrales. Dado el gran número de templos, la Iglesia Católica no podría sostenerlos todos con sus solos recursos. Cuando un edificio de interés artístico corriera riesgos, podría ser expropiado y nacionalizado para intervenir en él o dejarlo caer. Desde luego, y sobre todo en el ámbito rural, se perderían muchas iglesias, ermitas y santuarios. El patrimonio heredado de nuestros padres se vería desprotegido; a no ser que la Iglesia dejara de atender a la sociedad para dedicar sus recursos a la mejora de sus templos, cosa que no va a ocurrir porque sería tanto como abandonar la misión para la que existe. Edificios como la catedral de Córdoba o la de Jaca podrían ser arrebatados a la Iglesia al estilo Mendizábal. Los de “Podemos” ya se han interesado por hacerse con la titularidad pública de la seo jacetana, mientras que la Junta andaluza del PSOE ya intentó arrebatar la propiedad de la catedral cordobesa y los tribunales lo impidieron. Con una declaración de una España laica, podrían no solo hacerse con la titularidad pública sino, incluso, suprimir el culto y convertirlas en edificios civiles.

   Apelando a la aconfesionalidad del estado, hemos asistido en los últimos años a la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas, de los hospitales, de los juzgados, de los salones de plenos en los ayuntamientos y en muchos otros lugares. Se ha hecho retirar la imagen de la Virgen del Pilar en los cuarteles de la Guardia Civil y otras imágenes de sitios públicos donde se encontraban los santos de devoción o los patronos. La ministra de Defensa Carmen Chacón intentó prohibir que los miembros de fuerzas y cuerpos de Seguridad del estado acompañaran, escoltaran o portaran imágenes o pasos en las procesiones de Semana Santa. No lo logró. Es más, todavía salen y entran en los templos a los acordes del Himno Nacional. Incluso, en muchos lugares donde no había tradición de este gesto de honor, lo han adoptado recientemente.


   Una declaración solemne de España como un estado laico se iría desarrollando con leyes y reglamentos llenos de prohibiciones ¿para cambiar nuestras costumbres, nuestras tradiciones?, ¿para cambiar lo que somos? Un país que respete los derechos de todos los ciudadanos no puede llenarse de prohibiciones. A la mayoría de los españoles no nos gustaría vivir bajo esa presión. Ya digo que lo han intentado en el pasado y que no lo han conseguido. No malgasten fuerzas ahora en calzarnos a la fuerza lo que no es más que la imposición de una ideología. Reconozcan lo que somos, lo que nos configura y dejen tranquilas nuestras libertades, que para eso son libertades. Dejen la declaración constitucional tal y como está y no quieran meter mal donde no es ni justo ni necesario.     

sábado, 28 de noviembre de 2015

EL LAICISMO VA CONTRA LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD

   Aunque con la actualidad marcada también por otros acontecimientos, sin embargo, España se dispone ya a enfilar su quinto proceso electoral dentro de este año; esta vez, y como colofón final, se trata de elecciones generales de las que saldrá el próximo Parlamento que encargará la tarea de Gobierno a un nuevo Ejecutivo. Todos los partidos se afanan en su campaña, en dar a conocer sus propuestas, en criticar a los adversarios, en mostrar su lado más humano en los medios de comunicación, en contrastar sus posturas en los debates y, en algunos casos, en ocultar sus verdaderas intenciones, pero todo forma parte del juego y de la estrategia política para intentar atraer más votos. El panorama se vislumbra abierto; el nacionalismo va a reducir notablemente su presencia y el bipartidismo va a dar paso a partidos emergentes hasta ahora ausentes en Las Cortes Generales. A priori, se ven necesarios los pactos para poder formar Gobierno y no se puede dar por hecho que pueda hacerlo la lista que vaya a ser la más votada, aunque, naturalmente, todo esto es adelantar acontecimientos y todo está por ver. Según los sondeos y los análisis previos, los indecisos se habrían reducido a la mitad en las últimas semanas aunque todavía suponen el 20% de la gente que piensa ir a votar. Podría parecer decisivo, pero podría también no serlo puesto que es posible que se fraccione entre los cuatro principales partidos o que, incluso, se pueda perder en otras siglas menos significativas que no vayan a alterar el resultado de las formaciones con opciones de protagonizar una sesión de investidura tras los comicios.

   Toda la izquierda -también la moderada- enarbola en sus programas el laicismo como un valor para nuestro país. La Constitución vigente, de 1978, define el estado español como un "estado aconfesional" que colabora con las distintas religiones del país y, en particular, con la Iglesia Católica. Claro, si se quiere aplicar la doctrina laicista, habría que cambiar primero esa definición en la Constitución. El laicismo supone, en la práctica, cortar todo tipo de colaboración con las confesiones religiosas, incluso sacarlas por completo de la vida pública y reducirlas al ámbito de lo privado. Pero ¿respondería eso acaso a la realidad española? Adelantar que esto no es La France. Independientemente de que practique mucho, poco o nada, la población en España se declara católica en más de un 80%. Siete de cada diez votantes de la opción socialdemócrata dice ser también católico. En España, hay un sentimiento religioso muy importante, en nuestras raíces y en nuestra idiosincrasia. Todos los pueblos tienen sus patronos, sus ermitas, sus vírgenes. En las grandes ciudades también. En muchas ocasiones, se da un sentimiento de identidad entre una ciudad y su Virgen o su patrono que es indisociable del sentir de sus gentes. Los municipios les dedican sus fiestas patronales. En nuestras calles se celebran abundantes desfiles procesionales, algunos de ellos cuentan con un reconocimiento turístico nacional e internacional. Las romerías son otras manifestaciones multitudinarias del sentir de la gente en torno a Dios, a la Virgen o a los santos. La inmensa mayoría de los neonatos son bautizados cuando son bebés. Y otro dato curioso: donde más gente se congrega en España es los estadios de fútbol; y, sin embargo, la cifra total de espectadores es superada por la que nos da la gente que ha ido a misa cada domingo. Por tanto, adonde más acude la gente en España es a la misa dominical. ¿Por qué luchar contra esta realidad? ¿Es que a alguien le cuesta asumirla? Es la España de las libertades la que ha optado por esto, no viene impuesto por nadie. ¿Por qué ir, entonces, contra el sentimiento mayoritario del pueblo español? "Para que cambie" puede decir alguno, pero... ¿para qué?

   La fórmula actual que recoge la Constitución en vigor es respetuosa y colaboradora. La que se quiere introducir es beligerante con el hecho religioso. ¿Por qué cambiar de reconocer, valorar y colaborar con las religiones y pasar a contrarrestarlas, a combatirlas, a sacarlas del ámbito público? Esto nos suena a cuento ya sabido y es que en España ya ha habido otras épocas en las que se ha mostrado beligerancia oficial con la religión, con el cristianismo en particular. El resultado ha sido siempre el mismo: que no lo han conseguido parar. Lo han podido reprimir, pero no lo han logrado detener. Como diría Gamaliel, "aquello que proviene de Dios no puede morir". ¿Por qué ahora, pues, resucitar esos fantasmas del pasado? Si el problema está, por ejemplo, en la violencia que proviene de algunos que profesan el Islam, pues que vigilen o persigan esa forma de Islam, pero que no se use como pretexto para ir contra otros o contra todos. El cristianismo, la Iglesia Católica, ¿tiene un efecto pernicioso en nuestra sociedad, en nuestro sistema de valores o de libertades, es un peligro para la población, se comporta con irresponsabilidad o conviene, por el bien común, extirparla de nuestro ordenamiento? Todo lo contrario. La Iglesia en España se autofinancia en un 75%. El 25% restante le llega, con la colaboración de la Administración pero sin dinero de la Administración; es la aportación voluntaria que hace libremente quien lo indica en su declaración de la renta. Por tanto, la actividad de la Iglesia le cuesta al estado español cero euros. Y sin embargo, recibe de ella, en bien de la sociedad y de la población, más que de ninguna otra institución ni asociación ni ONG. A través de Cáritas, de las parroquias, de los grupos apostólicos, de hermandades y cofradías, de sacerdotes, religiosos y religiosas. Es incalculable el beneficio social que la Iglesia española aporta en la atención y asistencia a familias y a personas: parados, dependientes, enfermos, mayores, protección infantil, protección y promoción de la mujer, personas mayores, inmigrantes, personas solas y con las más variadas problemáticas. Sus medios son sus voluntarios, casas de acogida, comedores sociales, albergues, formación, residencias, hospitales, roperos solidarios... y eso, precisamente, solidaridad con los más necesitados. Según nuestra legislación actual, el estado debe favorecer y colaborar en esa acción social. Según una legislación laicista, el estado no podría colaborar porque las llevan a cabo instituciones religiosas. Aunque sí podría colaborar con otras entidades u ONGs si no tienen carácter religioso. Pueden preguntar a esos millones de personas que atendemos cada año qué piensan de la laicidad del estado y del laicismo en España. Cerrar esa colaboración sería absurdo, injusto e insolidario con la población. Al fin y al cabo, nuestros legisladores están bien pagados y no ensucian sus manos asistiendo a la gente que atiende la Iglesia Católica. Los despachos, contra la realidad de la calle; la ideología, contra la justicia, la libertad y la dignidad de todos los seres humanos.

   Pero, al margen de toda esta realidad, hay algo en lo que la izquierda se muestra muy sensible y es la presencia de la religión en las escuelas. ¿Hemos consagrado o no en nuestra España democrática un sistema de libertades? ¿Por qué razón práctica o socialmente aceptable no puede impartirse religión en los colegios? No se obliga a nadie; solo van los alumnos que quieren ir, o aquellos cuyos padres desean que sus hijos hagan religión. Entonces, volvemos al tema de la beligerancia, convertida en intransigencia o prohibición. ¿Nos hace más libres prohibir la religión en la educación? Más bien estaremos coartando la libertad de quienes la desean. Si los que no la desean no la hacen, entonces es imponer su opción a los demás. Hagámonos otra pregunta: ¿es que la religión es una influencia nociva, negativa en nuestros niños y jóvenes para impedir que se enseñe en el ámbito escolar? ¿Se enseñan valores que nos ayudan como seres humanos y como sociedad o es algo que daña a quien la recibe? Y si propone valores que ayudan, ¿por qué entonces ir en su contra? No se necesitan demasiados conocimientos de antropología para saber que el sentimiento religioso configura al hombre. Y si lo configura, es bueno para él que forme parte de una educación escolar integral. ¨Su negación es negar una parte de lo que somos. Tampoco hacen falta muchos conocimientos de historia para saber que el cristianismo es la base de todo nuestro sistema de valores occidental. ¿Cómo hacer entonces una negación y una lucha contra nuestra propia matriz mientras seguimos defendiendo esos mismos valores? La contradicción, por tanto, es manifiesta.

   Por cierto, ¿sabían ustedes que la Iglesia Católica ayuda a todos por igual sin hacer distinción alguna ni de raza ni de sexo ni de nacionalidad ni de religión? No, no los mira así ni los clasifica; en cada uno de ellos ve un hijo de Dios, un ser humano con toda su dignidad sin que sea superior o inferior a otros en razón de cualquier distinción. Pues eso.