El día después de este nuevo modelo de
estado tendría consecuencias inmediatas. Por ejemplo, la supresión de los
capellanes de todos los hospitales públicos, de todas las cárceles, de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército y las academias
militares. Todos ellos se quedarían sin asistencia religiosa inmediatamente.
Por supuesto, la salida de la religión del sistema de enseñanza sería otro de
los primeros efectos. El estado podría seguir concertando la enseñanza con
colegios laicos, pero acabaría con las concertaciones con colegios de ideario
religioso, lo cual va en contra de la libertad de enseñanza y la libre elección
de la educación por parte de los padres. El estado podría seguir colaborando
con cualquier ONG pero no con Cáritas, con Federico Ozanám, Proyecto Hombre o
con cualquiera que le mueva una motivación religiosa. ¿No es eso
discriminación? A buen seguro que la población española no desea eso. Los
ayuntamientos no podrán colaborar con comedores sociales, albergues de
transeúntes ni con cualquier centro de atención social de los que tiene
abiertos la Iglesia, precisamente por la motivación religiosa. En la prácitca,
el estado no se quitaría de encima solo la religión, sino también a los pobres;
los dejaría en nuestras manos y no colaboraría en tarea asistencial alguna si
la organizaba o la motivaban las creencias religiosas de los fieles. Las
creencias religiosas se convertirían en un estigma que impediría un trato entre
iguales con respecto a quien no las tuviera.
Otro aspecto que se vería tocado es el que
se refiere al mantenimiento de los edificios artísticos de titularidad
eclesiástica. Hasta ahora, las Administraciones colaboran con la Iglesia
Católica para mantener en buen estado no pocas iglesias y catedrales. Dado el
gran número de templos, la Iglesia Católica no podría sostenerlos todos con sus
solos recursos. Cuando un edificio de interés artístico corriera riesgos,
podría ser expropiado y nacionalizado para intervenir en él o dejarlo caer.
Desde luego, y sobre todo en el ámbito rural, se perderían muchas iglesias,
ermitas y santuarios. El patrimonio heredado de nuestros padres se vería
desprotegido; a no ser que la Iglesia dejara de atender a la sociedad para
dedicar sus recursos a la mejora de sus templos, cosa que no va a ocurrir
porque sería tanto como abandonar la misión para la que existe. Edificios como
la catedral de Córdoba o la de Jaca podrían ser arrebatados a la Iglesia al
estilo Mendizábal. Los de “Podemos” ya se han interesado por hacerse con la
titularidad pública de la seo jacetana, mientras que la Junta andaluza del PSOE
ya intentó arrebatar la propiedad de la catedral cordobesa y los tribunales lo
impidieron. Con una declaración de una España laica, podrían no solo hacerse
con la titularidad pública sino, incluso, suprimir el culto y convertirlas en
edificios civiles.
Apelando a la aconfesionalidad del estado,
hemos asistido en los últimos años a la retirada de los crucifijos de las
escuelas públicas, de los hospitales, de los juzgados, de los salones de plenos
en los ayuntamientos y en muchos otros lugares. Se ha hecho retirar la imagen
de la Virgen del Pilar en los cuarteles de la Guardia Civil y otras imágenes de
sitios públicos donde se encontraban los santos de devoción o los patronos. La
ministra de Defensa Carmen Chacón intentó prohibir que los miembros de fuerzas
y cuerpos de Seguridad del estado acompañaran, escoltaran o portaran imágenes o
pasos en las procesiones de Semana Santa. No lo logró. Es más, todavía salen y
entran en los templos a los acordes del Himno Nacional. Incluso, en muchos
lugares donde no había tradición de este gesto de honor, lo han adoptado
recientemente.
Una declaración solemne de España como un
estado laico se iría desarrollando con leyes y reglamentos llenos de
prohibiciones ¿para cambiar nuestras costumbres, nuestras tradiciones?, ¿para
cambiar lo que somos? Un país que respete los derechos de todos los ciudadanos
no puede llenarse de prohibiciones. A la mayoría de los españoles no nos
gustaría vivir bajo esa presión. Ya digo que lo han intentado en el pasado y
que no lo han conseguido. No malgasten fuerzas ahora en calzarnos a la fuerza
lo que no es más que la imposición de una ideología. Reconozcan lo que somos,
lo que nos configura y dejen tranquilas nuestras libertades, que para eso son
libertades. Dejen la declaración constitucional tal y como está y no quieran
meter mal donde no es ni justo ni necesario.
