LAICISMO PARA ESPAÑA. EL DÍA DESPUÉS

   

Como ya expuse en el artículo anterior sobre este tema, para declarar una “España Laica” es necesario cambiar la Constitución, que define el estado español como un “estado aconfesional” en colaboración con las distintas religiones de su población, y, en particular, con la Iglesia Católica. En la actualidad, el estado es colaborador pero se declara neutral ante las diferentes opciones religiosas de su población. Pues bien, el laicismo, en tanto que supone una supresión de lo religioso en el ámbito público, no deja de ser una opción religiosa del estado, la que siente todo lo religioso como ajeno; no es una opción en positivo (como sería elegir como propia una confesión religiosa determinada) pero es una opción en negativo; es, en verdad, una opción hostil contra la religión. ¿Y qué necesidad tiene el estado de adoptar una declaración en contra de las confesiones religiosas? Realmente, ninguna. Es tanto como declararle su hostilidad y su supresión de la vida pública a la organización más benefactora de todo el país, a la que supone en la práctica la mayor ONG de España (en cuanto al beneficio social que provoca, que no en su ser misma, pues no es una ONG). Resulta engañoso por parte de quienes defienden esta posición presentarla como una neutralidad del estado, puesto que la neutralidad es el modelo aconfesional que reza nuestra Constitución en vigor; el laicismo es una opción que rompe la neutralidad puesto que lo que hace es situarse en contra del hecho religioso.

   El día después de este nuevo modelo de estado tendría consecuencias inmediatas. Por ejemplo, la supresión de los capellanes de todos los hospitales públicos, de todas las cárceles, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército y las academias militares. Todos ellos se quedarían sin asistencia religiosa inmediatamente. Por supuesto, la salida de la religión del sistema de enseñanza sería otro de los primeros efectos. El estado podría seguir concertando la enseñanza con colegios laicos, pero acabaría con las concertaciones con colegios de ideario religioso, lo cual va en contra de la libertad de enseñanza y la libre elección de la educación por parte de los padres. El estado podría seguir colaborando con cualquier ONG pero no con Cáritas, con Federico Ozanám, Proyecto Hombre o con cualquiera que le mueva una motivación religiosa. ¿No es eso discriminación? A buen seguro que la población española no desea eso. Los ayuntamientos no podrán colaborar con comedores sociales, albergues de transeúntes ni con cualquier centro de atención social de los que tiene abiertos la Iglesia, precisamente por la motivación religiosa. En la prácitca, el estado no se quitaría de encima solo la religión, sino también a los pobres; los dejaría en nuestras manos y no colaboraría en tarea asistencial alguna si la organizaba o la motivaban las creencias religiosas de los fieles. Las creencias religiosas se convertirían en un estigma que impediría un trato entre iguales con respecto a quien no las tuviera.

   Otro aspecto que se vería tocado es el que se refiere al mantenimiento de los edificios artísticos de titularidad eclesiástica. Hasta ahora, las Administraciones colaboran con la Iglesia Católica para mantener en buen estado no pocas iglesias y catedrales. Dado el gran número de templos, la Iglesia Católica no podría sostenerlos todos con sus solos recursos. Cuando un edificio de interés artístico corriera riesgos, podría ser expropiado y nacionalizado para intervenir en él o dejarlo caer. Desde luego, y sobre todo en el ámbito rural, se perderían muchas iglesias, ermitas y santuarios. El patrimonio heredado de nuestros padres se vería desprotegido; a no ser que la Iglesia dejara de atender a la sociedad para dedicar sus recursos a la mejora de sus templos, cosa que no va a ocurrir porque sería tanto como abandonar la misión para la que existe. Edificios como la catedral de Córdoba o la de Jaca podrían ser arrebatados a la Iglesia al estilo Mendizábal. Los de “Podemos” ya se han interesado por hacerse con la titularidad pública de la seo jacetana, mientras que la Junta andaluza del PSOE ya intentó arrebatar la propiedad de la catedral cordobesa y los tribunales lo impidieron. Con una declaración de una España laica, podrían no solo hacerse con la titularidad pública sino, incluso, suprimir el culto y convertirlas en edificios civiles.

   Apelando a la aconfesionalidad del estado, hemos asistido en los últimos años a la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas, de los hospitales, de los juzgados, de los salones de plenos en los ayuntamientos y en muchos otros lugares. Se ha hecho retirar la imagen de la Virgen del Pilar en los cuarteles de la Guardia Civil y otras imágenes de sitios públicos donde se encontraban los santos de devoción o los patronos. La ministra de Defensa Carmen Chacón intentó prohibir que los miembros de fuerzas y cuerpos de Seguridad del estado acompañaran, escoltaran o portaran imágenes o pasos en las procesiones de Semana Santa. No lo logró. Es más, todavía salen y entran en los templos a los acordes del Himno Nacional. Incluso, en muchos lugares donde no había tradición de este gesto de honor, lo han adoptado recientemente.

   Una declaración solemne de España como un estado laico se iría desarrollando con leyes y reglamentos llenos de prohibiciones ¿para cambiar nuestras costumbres, nuestras tradiciones?, ¿para cambiar lo que somos? Un país que respete los derechos de todos los ciudadanos no puede llenarse de prohibiciones. A la mayoría de los españoles no nos gustaría vivir bajo esa presión. Ya digo que lo han intentado en el pasado y que no lo han conseguido. No malgasten fuerzas ahora en calzarnos a la fuerza lo que no es más que la imposición de una ideología. Reconozcan lo que somos, lo que nos configura y dejen tranquilas nuestras libertades, que para eso son libertades. Dejen la declaración constitucional tal y como está y no quieran meter mal donde no es ni justo ni necesario.