La impotencia de Zapatero y su Gobierno para afrontar la crisis en España es pantente y manifiesta. Lo patético es cómo quiere encaminar la salida, apretándonos más ya no el cinturón, sino la garganta a españoles e inmigrantes, clases medias y bajas.
Cuando no se quiso reconocer que había una crisis, no se pusieron manos a la obra para prevenirla; gastaron sus esfuerzos en que sus medios informativos no hablasen de crisis sino de “desaceleración” porque el crecimiento de nuestra econocmía bajaba más y más pero aún daba cifras positivas. Cuando la tendencia se invirtió, se empezó a reconocer una crisis que, según ellos, tendría menor impacto que en el resto de la zona euro. Cuando el empleo comenzó a destruirse al ritmo de 10.000 puestos díaros y los autónomos de pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar en masa, el zapaterismo reaccionó con echar mano a las arcas del Estado y a la política del subsidio, pero medidas cero para la creación de empleo. La última etapa de este via crucis hasta el momento es la aplicación de la medida de subir los impuestos. Más concretamente, de castigar el consumo y el ahorro. ¿El ahorro es un instrumento que tienen las clases medias para prevenir el futuro más próximo y tratar de mantenerse en pie? Pues se castiga con una retención que pasa del 18 al 21%. ¿El consumo es la única arma contra de deflación del 1% en que nos encontramos para favorecer el empleo? Pues se castiga también subiendo dos puntos el IVA (del 16 al 18%) y gravando en otros 15 céntimos la gasolina, lo que hará subir los precios de las mercancías y de los abastos de hortalizas, carnes y pescados, al subir el coste de los transportes. Y podemos sentirnos satisfechos al ver a la ministra de economía reconocer en público que la presión va a recaer sobre las clases medias porque son las clases que conforman el grueso de las aportaciones tributarias en nuestro país. ¡Bravíssimo, ministra!
Mirando hacia adentro, pues hombre, no van a congelar el sueldo de los funcionarios porque eso está mal visto ya que fue lo primero que hizo el PP cuando tuvo que afrontar una situación económica mucho más leve que ésta. Deciden, entonces, que les subirán un 0,3. Pero como la deflación es del -1%, resulta, realmente, una subida de 1,3%. Ya he visto a dos funcionarios estos días frotándose las manos al ver cómo aumenta su poder adquisitivo: con precios más bajos, su sueldo sube. En la otra cara de la moneda, está la bajada de sueldos. Varios amigos míos que antes de pasar por el paro cobraban 1.200-1.300 euros, después de dejar las listas del inaem sólo han encontrado trabajo por 800 ó 900. Y eso el que ha logrado encontrarlo.
El pequeño ahorrador que tiene un plazo fijo o una simple cuenta en el banco, cuando recibe los intereses recibe también una retención del 18%, que ahora va a ser del 21%. Ajo y agua. Porque, por lo que me he enterado estos días, existen unos fondos casi “benéficos” para el Estado, creados por Felipe González, para ciertos ahorradores con la intención de que no sean evadidos de España, y cuyas plusvalías sólo están gravadas al 1%. Y ésos no los han tocado. ¿Quién tiene acceso a esos fondos? Pues parece ser que no todos, sino los que ponen hasta ciertas cantidades que están al alcance de muy pocos.
¿Y el Impuesto sobre la renta? A los del partido gobernante se les llena la boca hablando de solidaridad, de cobertura social, de que pague más el que más tiene, de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Bueno, parece ser que se callan algunas excepciones. Porque, según me he enterado también últimamente, los Diputados y Senadores no pagan IRPF; es decir, sus sueldos están libres de impuestos. ¿Solidaridad? No sé, pero a ver si empiezan por ellos mismos y nos anuncian que van a pagar lo que les corresponda según el baremo que nos aplican a los demás, pues, además, todos o casi todos los miembros del Gobierno pertenecen al Congreso de los Diputados. Y yo me oigo muchas veces eso de que hay que predicar con el ejemplo. Pero no sólo yo, sino también los demás. Y los que están con responsabilidades públicas, con mayor razón.
Hablando de responsabilidades públicas y solidaridad. ¿Saben ustedes que los señores funcionarios de un Estado que posee un sistema de Seguridad Social público –defectible, pero público- paga anualmente a cada uno de ellos un seguro social privado en el que les entra desde una consulta, pasando por una receta, hasta cualquier estancia en clínicas privadas incluidas las intervenciones quirúrgicas? No sé cuánto le costará eso al Estado, pero teniendo en cuenta el grandísimo número de funcionarios de nuestro país y las tarifas enormes de las compañías aseguradoras, debe ser una millonada de euros. Para ellos no hay listas de espera, ni doce horas en urgencias, ni tres meses esperando una intervención o un año para que te vea un especialista o para que te hagan una resonancia magnética. El privilegio es notable, ¿no? Pues ¿por qué no lo eliminan y dedican su gasto al gasto social de verdad?
En la parte contraria están los grupos más desfavorecidos. Si pensamos que Rajoy es peor que Lepin en cuestión de xenofobia, Cáritas acaba de denunciar un proyecto de ley que ha preparado el Gobierno del que se extrae la idea de que parte de la culpa de la crisis actual es de los inmigrantes, por haber venido aquí a trabajar, rebaja su dignidad como personas y criminaliza a los ilegales. Más de cien asociaciones han firmado ya un manifiesto en contra de esa ley.
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